¿Puede haber reconstrucción, puede haber desarrollo, si mantenemos a una parte de la ciudadanía en la pobreza, la exclusión residencial y la irregularidad administrativa?
El incendio de la nave industrial en Badalona, a consecuencia del cual han muerto tres personas y otras diecisiete resultaron heridas, ha sacudido la conciencia del país, ante una realidad que permanecía invisibilizada y oculta a los ojos de la ciudadanía.
Allí vivían amontonadas y en condiciones que pueden catalogarse de infrahumanas, al menos un centenar de personas. Hace diez años que se conoce la existencia de ese asentamiento, al que fueron a parar algunas personas desalojadas en 2013 del macro asentamiento de la calle Puigcerdà, en Poble Nou. Apenas una semana antes, se produjo otro incendio en un pequeño asentamiento que no tuvo eco mediático y en el que no hubo que lamentar víctimas personales.
Durante el mes de julio se produjeron hasta cinco incendios en asentamientos chabolistas en diversos municipios de la provincia de Huelva que arrasaron decenas de chabolas en las que vivían y guardaban sus pertenencias centenares de personas. El 10 de noviembre, en la misma provincia, tuvo lugar un nuevo incendio de menor magnitud; a finales de noviembre, otro incendio, esta vez en campamentos chabolistas de Níjar en Almería, arrasó las chabolas y enseres de unas 250 personas, muchas de ellas trabajadoras sin permiso de trabajo en los invernaderos de la llamada huerta de Europa.
El fenómeno de los asentamientos chabolistas no es nuevo, ni exclusivo de la ciudad de Badalona o de Cataluña.
Se calcula que en España viven más de 15.000 personas en estas condiciones, sea en campamentos chabolistas e infraviviendas en el entorno rural, o en edificios y naves industriales abandonadas en zonas urbanas.
Una realidad en la que venimos interviniendo desde Fundación Cepaim desde hace años, habiendo impulsado la visibilidad de esta insostenible realidad y la intervención de emergencia, a través de nuestra campaña de sensibilización sincasacovid19, apadrinada por Pedro Almodóvar.
Según el informe del Relator de Naciones Unidas, Philip Alston: “Se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015, y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar”.
Según el mismo informe, “En 2018, el 26,1% de la población española, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa”. Philip Alston calificó de inhumanas las condiciones en las que viven las personas, fundamentalmente migrantes, en los asentamientos, tanto rurales, como urbanos que pudo visitar.
Estas poblaciones se sienten abandonadas por los poderes públicos, que tienden a mirar para otro lado, escudándose en la falta de competencias o en la complejidad del problema para justificar su inacción.
Mientras las administraciones públicas y todos los actores implicados no se pongan de acuerdo para implementar un ambicioso plan de intervención que aporte recursos y estrategias eficaces, el destino de estas personas es la calle, la chabola, la infravivienda, la miseria.
En el caso de la población procedente de otros países la situación se agrava y la respuesta del Estado puede catalogarse de discriminación institucional, ya que la ley de extranjería condena a la invisibilidad e inexistencia administrativa a un gran número de estas personas que no pueden acceder legalmente a una vivienda, ni a un trabajo, siendo obligadas a permanecer durante años en condiciones de absoluta indefensión y miseria. Mientras las administraciones autonómicas y locales con competencias en asistencia social, miran para otro lado y las empresas también.
Desde Fundación Cepaim consideramos urgente una acción coordinada de los distintos niveles de la administración, desde la europea a la estatal, desde la autonómica a la local, para hacer frente a una problemática cuya dejadez por parte de los poderes públicos supone un atentado a la dignidad humana y a los derechos humanos.
Hay que “exigir” a las administraciones a sentarse y coordinar sus esfuerzos para acabar con esta lacra humana.
El Estado debe facilitar el acceso de las personas en situación irregular a la ciudadanía, creando vías legales y seguras de acceso al país que eviten el crecimiento y cronificación de la exclusión legal, social y económica.
Desde las CCAA se requieren políticas eficaces de vivienda que incrementen sustancialmente el parque público, hoy por hoy prácticamente inexistente, regule los precios y asegure una vivienda digna como requisito básico para salir de la pobreza. Se necesita una reforma en profundidad de las políticas sociales, competencia de las Comunidades Autónomas, dotándolas de estrategias y recursos eficaces y flexibles, menos burocratizadas, que cumplan con su función de red de protección que impida que las personas caigan en el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social. Hacen falta políticas económicas y laborales que atiendan las necesidades de esa cuarta parte de la población que se encuentra en situación precaria, pero muy especialmente de aquellas, como los habitantes de la nave incendiada, que se hallan inmersas en el pozo de la pobreza severa.
Tras el día oficial de luto y el minuto de silencio promovidos por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Badalona, todo regresará al punto de partida, silencio, invisibilidad y olvido, si desde la sociedad civil organizada y las entidades sociales no reclamamos y presionamos a los poderes públicos para que pongan en marcha estrategias, acciones concretas y recursos específicos para acabar con esta inhumana situación que debería avergonzarnos como ciudadanía, pero que aún más debería avergonzar a quienes tienen la obligación constitucional de resolverla.
Que se dejen de excusas, se sienten a la mesa de negociación y no se levanten de ella hasta que acuerden un plan conjunto que erradique definitivamente la miseria de nuestro país.
¿Puede haber reconstrucción, puede haber desarrollo, si mantenemos a una parte de la ciudadanía en la pobreza, la exclusión social y la irregularidad administrativa?
Fundación Cepaim