El Consejo de Derechos Humanos adopta el informe final del Examen Periódico Universal a España

16/07/2020

Hoy jueves, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha reunido, en su cuadragésima cuarta sesión, para debatir y adoptar el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) a España.

El EPU es una de las principales herramientas de dicho organismo para evaluar el estado de los derechos humanos en los Estados parte de las Naciones Unidas. Mediante este mecanismo, estos Estados pueden emitir recomendaciones al Estado examinado después del estudio y análisis de los informes emitidos sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos por el propio gobierno afectado, e instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En el caso de España, se trata del tercer EPU, después de los realizados en 2010 y 2015. En enero de este año, durante su cuadragésimo tercera sesión, el Consejo de Derechos Humanos albergó la reunión en la que los distintos Estados miembros de Naciones Unidas emitieron sus recomendaciones a España. Fundación Cepaim asistió presencialmente al evento celebrado en Ginebra, junto con una representación de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Aquellos Estados utilizaron los informes aportados por la sociedad civil, entre los que se incluyen dos contribuciones de Fundación Cepaim.

La primera de ellas, junto a la citada Clínica Jurídica, aborda el cumplimiento de las recomendaciones del anterior EPU de 2015, y realiza un estudio exhaustivo de la cuestión en materia de migraciones (ratificación de tratados internacionales, situación del sistema de protección internacional, integración social de personas migrantes, protección de menores migrantes tutelados), instituciones (empresas transnacionales y derechos humanos), mujeres, menores, discriminación, y cumplimiento efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales (educación, salud, empleo, vivienda y consecuencias de la austeridad).

La segunda, también elaborada conjuntamente, esta vez con European Network on Statelessness (ENS) y con Institute on Statelessness and Inclusion (ISI), se centra en la apatridia en España; en concreto, en la identificación y protección de personas apátridas en España, así como en la prevención y reducción de la apatridia en el territorio. Se tratan las obligaciones internacionales de España en este ámbito de derechos humanos, las garantías del Código Civil para evitar la apatridia de quienes nacen en el territorio español, la compleja definición de apátrida en español, los problemas y deficiente protección de las personas solicitantes del estatuto de apátrida durante el procedimiento, y se elaboran una serie de recomendaciones al Estado español para mejorar las condiciones de personas solicitantes y beneficiarias del estatuto de apátrida.

Hoy se han debatido las recomendaciones de los distintos Estados miembros en el Consejo de Derechos Humanos. Se trata de un total de 275 propuestas, de las cuales España [ya ha anunciado] que acepta 252. Acepta parcialmente trece de ellas, y toma nota de las otras diez restantes.

Destaca su rechazo a la supresión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y a la introducción de medidas de acogida o alojamiento alternativas a la detención migratoria de personas en situación administrativa irregular (recomendaciones 251, 257 y 261). También rechaza no participar en acuerdos comerciales que afecten al territorio del Sahara Occidental (recomendaciones 56-60).

Por su parte, tiene en cuenta las recomendaciones de varios Estados para ratificar la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el único tratado al que el Estado español no se ha adherido de entre los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas (recomendaciones 2 y 3). Conviene recordar que en 2015 hubo ya veintiún Estados que recomendaron a España la ratificación de este tratado y que el gobierno español tomó nota también en aquella ocasión de estas peticiones.

Los Estados miembros de las Naciones Unidas han elaborado muchas recomendaciones en favor de erradicar eficazmente la trata de seres humanos y de mejorar la protección jurídica de sus víctimas en España. El gobierno ha respondido, aceptando la recomendación, e indicando que tiene previsto incluir la trata de personas con fines de explotación sexual en la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (recomendación 106). También acepta y se compromete a reforzar el sistema de acogida de protección internacional (recomendación 249), y a favorecer la inclusión social de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidad, especialmente en su acceso a servicios básicos (recomendaciones 24 y 244). Varios Estados instan al gobierno español a eliminar el procedimiento de determinación de edad de menores migrantes, y este ha aceptado la propuesta, indicando que “dado que este procedimiento de determinación de la edad ha sido objeto de varias recomendaciones por parte del Comité de Derechos del Niño, se están desarrollando actuaciones de coordinación interministerial e interadministrativa para su actualización” (recomendación 210).

Combatir la discriminación racial también se encuentra entre los objetivos de los Estados miembros y del propio gobierno, quien afirma, en respuesta a la recomendación 24, que se está trabajando en actualizar la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, y que se prevé, además, una Estrategia integral sobre migración durante 2020 para facilitar el acceso a los servicios básicos de personas migrantes en situación de vulnerabilidad, reforzando así lo dicho en respuesta a la recomendación 244 antes citada.  

Por último, cabe destacar que el gobierno tiene previsto aprobar el II Plan Nacional de Derechos Humanos durante esta Legislatura (recomendación 4), el cual establecería mecanismos para la “elaboración y el seguimiento de los informes periódicos presentados ante los Órganos de Tratados, el Examen Periódico Universal y, en su caso, otros instrumentos de derechos humanos”.

Nacho Hernández,  Departamento de Alianzas, Incidencia y Dimensión Internacional