El Estudio, que abarca los años del 2007 al 2013, arroja como principales y preocupantes resultados los cambios en los perfiles de los usuarios y usuarias de los servicios sociales y entidades de apoyo social. Esto es debido principalmente, como queda reflejado a través de esta investigación, a un importante incremento de las personas en situación de exclusión social grave; así como un incremento de personas con problemas de salud mental; jóvenes con problemas de adicciones y de familias ya normalizadas en situación de vulnerabilidad.
En contra posición se aprecia un descenso en la vulnerabilidad de los perfiles tradicionales como son el de las personas mayores, al tiempo que observamos una tendencia a la masculinización del colectivo de personas en riesgo de exclusión social.
Respecto a la inversión pública en políticas destinadas a combatir la exclusión social en sus diferentes dimensiones, ha quedado reflejado un preocupante descenso de la inversión en trabajo y empleo, educación, ingresos o renta mínima, relaciones sociofamiliares y participación; en cambio podemos observar satisfactoriamente que se ha producido un incremento en materia de vivienda y salud.
Finalmente y como parte de los autores del estudio, todos y todas coincidimos en reclamar a los actores sociales, especialmente a la administración pública, así como al principal entramado empresarial de la Región, la urgente necesidad de generar un nuevo modelo de intervención y política social que cambie definitivamente con la percepción de que la intervención social es un gasto cuando resulta ya evidente que es una inversión de mejora presente y futura, no solo social sino económicamente hablando.