Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se reúne con la Plataforma del Tercer Sector

• El candidato a la presidencia del Gobierno se reunió ayer en Madrid con la Plataforma del Tercer Sector, que le planteó las principales medidas en materia social que debería asumir en una futura formación de Gobierno.
• La Plataforma señaló como urgente el establecimiento de un Pacto de Lucha contra la Pobreza, una reforma constitucional que reconozca los derechos sociales como derechos fundamentales, y el compromiso hacia un modelo sostenible de financiación del sector.

 

El candidato a la presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió ayer, 15 de febrero, con la Plataforma del Tercer Sector a la que pertenece Fundación Cepaim como miembro de EAPN y la Plataforma de ONGs de Acción Social.

El acto tuvo lugar en la asociación La Rueca de Madrid, en el que el candidato a la presidencia pudo conocer de cerca el trabajo de formación e inserción socio laboral que se realiza desde la asociación con jóvenes de los barrios madrileños de San Juan Bautista y La Elipa, pertenecientes al distrito de Ciudad Lineal.

Tras un recorrido por las instalaciones del centro, Sánchez mantuvo una reunión con diferentes entidades y representantes de la Plataforma, que le expusieron lo que consideran “las necesidades más acuciantes” en el plano social a afrontar si consigue formar Gobierno.

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma, hizo una exposición de la situación actual del Tercer Sector en España, “acuciado por el incremento de la demanda de servicios pero más mermado que nunca en cuanto a recursos económicos”. La desigualdad y el aumento de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión hacen necesarias “medidas sociales de carácter extraordinario”. “Necesitamos un Gobierno que dé estabilidad a la situación de desequilibrio creada en los últimos años”. “Hemos perdido en derechos sociales, en bienestar social, en cooperación al desarrollo y en igualdad”, afirmó Poyato, hasta llegar “unos índices de pobreza y exclusión social inaguantables”. Es por ello que lo social “debe ser prioridad en la agenda del próximo Gobierno”. “No podemos crecer económicamente y esperar a que el tema de la exclusión social se resuelva solo”, afirmó. “La mejora de indicadores económicos como el PIB o el empleo no necesariamente (y no actualmente) van aparejados con un descenso de los indicadores de exclusión social”, por lo que “aunque los recursos sean escasos”, las soluciones dependerán “de cómo se repartan”. Estrella Rodríguez, vicepresidenta de la Plataforma, apoyó esta descripción con las cifras, de acuerdo a los últimos estudios publicados en el sector. Estos datos “reflejan la fuerte disminución de fondos púbicos” mientras que se ha incrementado la demanda de atención social. En este contexto, “el tercer sector ha sabido responder mediante la mejora de cohesión y articulación del sector y gracias al aumento de la acción voluntaria”, afirmó.  

Así lo planteó el vicepresidente, Carlos Susías, quien habló de la necesidad de hacer un llamamiento a las fuerzas políticas y convocarlas al diálogo y al acuerdo en torno a un Pacto contra la Pobreza, en base a “una estrategia de Gobierno estructural” que implique a todos los ministerios, y que tenga en cuenta que “cuando hablamos de pobreza, exclusión y desigualdad, no hablamos de una lacra, sino que la lucha contra ella es parte de nuestro desarrollo”. Parte de la evolución de la economía, afirmó, “es no generar nueva pobreza y afrontar la ya existente”. Es por ello que la Plataforma reclama la puesta en marcha de un plan “coherente y completo”, dirigido a las personas en situación de necesidad o exclusión, que contemple “además de una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas, la creación de un Fondo estatal contra la pobreza, el destino de la Tasa sobre Transacciones Financieras (que se comenzará a aplicar en 2017) a fines sociales y un plan real de inclusión laboral dirigido a las personas en situación de exclusión social”. “No proponemos grandes hazañas”, afirmó, “sino objetivos perfectamente alcanzables si existe voluntad política”.

Por otro lado, el vicepresidente Sebastián Mora, defendió el sistema actual de 0,7% de IRPF destinado a fines de interés social (la “X Solidaria”), un sistema que “reequilibra la atención a las personas a nivel nacional”, ya que la inversión en acción social no es igual entre Comunidades Autónomas. En este sentido reivindicó además la modificación del Título Octavo de la Constitución Española, para “que establezca un sistema de competencias compartidas en materia de asistencia social que asegure igual atención a las personas con independencia de su lugar de residencia o nacimiento”.

Como parte de la reforma constitucional que propone la Plataforma, Mora destacó asimismo la necesidad de “reconocer como fundamentales los derechos sociales, económicos y culturales”, para que su atención no quede “al capricho del contexto”, sino que sean recogidos como “derechos subjetivos, vinculantes y con mecanismos de tutela y protección”. Es necesaria, en este sentido, “una nueva visión que nos lleve a una sociedad más activa en protección de los derechos”, afirmó.

Los miembros de la Plataforma pidieron asimismo a Pedro Sánchez que, de conseguir formar Gobierno, “asegure el correcto despliegue de la Ley del Tercer Sector de Acción Social” –aprobada en octubre de 2015- para el desarrollo de “un sistema de protección fuerte para los más de 13 millones de personas en situación de necesidad en nuestro país”.

 

 

Sobre la Plataforma:

La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.

Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).