Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, en tiempos de paz y de conflicto, y son inalienables. No caben excepciones | COMUNICADO FUNDACIÓN CEPAIM ANTE LA SITUACIÓN EN CEUTA
Desde Fundación Cepaim damos nuestro total apoyo a la ciudadanía de la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis humanitaria originada durantes estos días, la cual ha sobrepasado la capacidad de acogida y atención por parte de los recursos existentes en la ciudad, y a la vez ha demostrado la solidaridad y buena actitud de tantas personas voluntarias que junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han salvado la vida de muchas personas en el mar, entre ellas menores.
Desde nuestro punto de vista no existe otro enfoque posible frente a la situación vivida en las últimas horas en la ciudad autónoma de Ceuta que el de dar una respuesta dirigida siempre hacia la protección de las personas migrantes y de la población ceutí, actuando desde el diálogo y el pleno respeto procesal y material de los derechos humanos.
En este sentido:
- Reclamamos que ningún Estado utilice a las personas migrantes, su vulnerabilidad y sus necesidades como moneda de cambio en aras de conseguir otros intereses políticos.
- Respecto a los y las menores llegados a Ceuta, consideramos necesario que dado que la ciudad de Ceuta no cuenta con suficientes recursos de acogida, se prioricen sus traslados de manera paulatina a los diferentes centros de acogida para menores en situación de desamparo ubicados en las diversas CC. AA. del Estado español donde hay recursos suficientes para garantizar su atención y derechos.
- Recordamos que España es la frontera sur de la UE y que toda solución a la situación creada requiere de la implicación y participación de la UE, tanto en la respuesta a Marruecos, como en la atención a las personas llegadas a la ciudad de Ceuta.
- Ponemos el acento en indicar que toda estrategia de externalización de las fronteras de la UE a terceros países como Marruecos, se demuestra como un error que no podemos, ni debemos respaldar.
- El Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de personas extranjeras, de 1992, no constituye base jurídica suficiente que permita una derogación de los derechos humanos que el Estado español se ha comprometido a respetar, proteger y realizar.
Cabe recordar que las expulsiones de personas migrantes en la frontera sin seguir ningún tipo de procedimiento de identificación, de detección de necesidades de protección (trata de seres humanos, protección internacional, peligro para la vida e integridad física, protección de la infancia, etc.) ni de retorno, son contrarias al derecho internacional por su imposible encaje con el respeto del principio de no devolución.
Hace apenas dos años y medio, bajo la celebración de la Conferencia Intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, celebrado en Marruecos en diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas celebraba el “hito histórico (que esto suponía) en la historia del diálogo mundial y la cooperación internacional sobre la migración”.
Es momento de recordar los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, resaltando la necesidad de gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada (objetivo 11); utilizar la detención de migrantes sólo como último recurso y buscar otras alternativas (objetivo 13); colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible (objetivo 21).
No olvidemos que hablamos de algo más que de un conflicto diplomático, hablamos de vidas, de personas en una grave situación de vulnerabilidad y sobre todo de credibilidad, legitimidad y certidumbre en la aplicación y respeto de los derechos humanos. Es inadmisible y de una grave irresponsabilidad que los bulos y la desinformación interesada, generada ante los sucesos de Ceuta por parte de algunos sectores, estén alimentando el discurso del odio y del miedo entre nuestra sociedad. Pedimos por tanto altura y responsabilidad de parte de quienes ahora contribuyen a ello, ya sea promoviendo o difundiendo falsedades por redes sociales o acosando al personal que está trabajando en el terreno, para que cesen de forma inmediata. No podemos tolerarlo como sociedad democrática.
Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, en tiempos de paz y de conflicto, y son inalienables. No caben excepciones.
Fundación Cepaim