Las ONGs pedimos a los líderes mundiales que actúen ya ante la situación de las personas refugiadas y desplazadas, su tiempo se acaba.

Durante este viernes 16 de septiembre del 2016, un total de 18 ONGs de carácter nacional e internacional hemos llevado a cabo un acto público delante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España para denunciar y solicitar ante los líderes mundiales que se tomen 5 medidas de manera inmediata en la próxima cumbre mundial del 19 y 20 de septiembre en materia de refugio y acogida, y donde España debería jugar un papel fundamental para esto. El tiempo pasa mientras 17 personas al día mueren buscando una vida más digna o simplemente buscando salvar su propia vida y las de sus familiares.

Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la comunidad internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actúe en consecuencia. A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas desplazadas de sus hogares como consecuencia de los conflictos, la persecución, y las violaciones de derechos humanos en sus países de origen ha superado los 65 millones, según datos de ACNUR. Una cifra que se incrementaría si sumásemos las miles de personas que se han visto obligadas a desplazarse por desastres naturales o pobreza. Esta situación está poniendo al descubierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir conflictos y situaciones de emergencia humanitaria, así como la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección internacional.

En este contexto, y en su intento de escapar de situaciones desesperadas, las personas refugiadas y migrantes no encuentran otra salida más que arriesgar sus vidas emprendiendo viajes peligrosos. Así, por ejemplo, y según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 5.000 personas murieron ahogadas durante el año 2015 en todo el mundo. Estas muertes se podían haber evitado si la comunidad internacional y sus Estados, hubieran adoptado las medidas necesarias para garantizar rutas legales y seguras.

Sin embargo, las personas refugiadas y migrantes en lugar de ser bienvenidas se encuentran cada vez más con muros visibles e invisibles (impedimentos legales, vallas, externalización de fronteras, violaciones de derechos humanos y discursos xenófobos) en los países de acogida que les impiden acceder a protección y a unas condiciones dignas de vida. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres solas y/o con personas a su cargo , las niñas y los niños, especialmente los no acompañados, las personas perseguidas por su orientación sexual y/o identidad de género, las víctimas de tortura o trauma, las personas enfermas o con algún tipo de diversidad funcional, están quedando en una situación de total desprotección y abandono.

Ante esta situación las organizaciones firmantes ACCEM, AMNISTÍA INTERNACIONAL, AYUDA EN ACCIÓN, CEAR, COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO, , ENTRECULTURAS, FELGTB, FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA, FUNDACIÓN CEPAIM, INSPIRACTION, JESUITAS SOCIAL, MÉDICOS DEL MUNDO, MÉDICOS SIN FRONTERAS, RED ACOGE, SAN CARLOS BORROMEO, SAVE THE CHILDREN y SERVICIO JESUITA A MIGRANTES, lamentamos que finalmente se haya pospuesto a dos años el pacto sobre personas refugiadas, y exigimos al Estado español que, como parte de la comunidad internacional, garantice el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

 

Por ello, pedimos que con motivo de las próximas Reuniones de Alto Nivel (Asamblea General de las Naciones Unidas y Cumbre Obama) que tendrán lugar durante los próximos días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, para abordar por un lado los desplazamientos a gran escala de personas refugiadas y migrantes, y por otro, asumir nuevos compromisos en materia de refugio, el Estado español tenga en cuenta, y presente como prioritarias, las siguientes medidas en sus negociaciones con otros Estados:

 

1. Políticas y mecanismos que garanticen la plena protección de las personas refugiadas, internamente desplazadas y migrantes frente a todo tipo de abuso, violencia y explotación.

La protección ha de permitir cubrir necesidades básicas tales como educación, sanidad, y vivienda, entre otras, sin discriminación alguna, y con pleno disfrute de sus derechos sin temor a ser objeto de detención, reclusión o expulsión.

En las prácticas de control migratorio de los países deberán invocarse medidas alternativas a la detención y, sobre todo, se debe adoptar el compromiso de no detener nunca a los niños y niñas con ese propósito (basándose en su estatus migratorio o el de sus padres y madres) ni aplicar este tipo de medidas a los/as menores extranjeros no acompañados/as en aras al interés superior del menor, tal y como establece el Comité de los Derechos del Niño. Deberá garantizarse también que el interés superior del menor y su protección sea una consideración primordial en todas las decisiones que afecten a la infancia.

Los líderes mundiales que asistan a ambas reuniones deben adoptar medidas específicas para proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en especial a mujeres solas y/o con personas a su cargo y a las y los menores de edad.

Además, en situaciones generadas por movimientos a gran escala, los Estados deben garantizar la adecuada identificación de las personas refugiadas y la garantía del cumplimiento del principio de no devolución, así como deben conceder el reconocimiento de la condición de refugiado/a en el marco de procedimientos justos y eficaces.

 

2. Adopción de forma inmediata de todas las medidas necesarias para garantizar vías legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes.

El establecimiento de rutas legales y seguras permitirá la correcta admisión de las personas migrantes y refugiadas, evitando que tengan que arriesgar sus vidas en viajes peligrosos, a través de redes de tráfico y trata de personas. Para ello, se deben garantizar y agilizar programas de reasentamiento, admisión humanitaria, reagrupación familiar flexible, movilidad laboral y de visados de estudios, entre otros.

Se debe dar prioridad a salvar vidas sobre la aplicación de políticas migratorias. En situaciones en las que haya personas en peligro, incluidas aquellas que intentan travesías marítimas en busca de seguridad, los Estados deben invertir en operaciones de búsqueda y salvamento y acudir de inmediato a su rescate.

 

3. Reparto equitativo de la responsabilidad de los Estados para apoyar y acoger a las personas refugiadas.

Actualmente, el 86 por ciento de las personas refugiadas se encuentra acogida en países en vías de desarrollo tales como Líbano, Turquía, Pakistán, Jordania, o Kenia, entre otros. Asimismo, y según el ACNUR, 1,2 millones de personas estarán necesitadas de ser reasentadas en otras zonas en 2017.

Por todo ello, pedimos que se adquiera el compromiso público de ampliar el programa de reasentamiento para que al menos el 10 por ciento de la población refugiada mundial sea reasentada en países seguros.

Para ello, se deben establecer procesos y mecanismos con plazos e indicadores claros, que permitan en la práctica llevar a cabo el reparto de la responsabilidad entre los Estados y garanticen la ejecución de la acogida y el reasentamiento en los plazos establecidos.

Para realizar dicho reparto equitativo y solidario se deben tener en cuenta criterios objetivos, tales como la población del país; la riqueza nacional; la tasa de desempleo; así como las poblaciones refugiadas ya existentes, entre otros para determinar la capacidad de los Estados para acoger a personas refugiadas.

 

4. Los Estados deben abstenerse de firmar, o revocar en el caso de que ya estén firmados, acuerdos con terceros países no seguros tales como Turquía, Libia, Marruecos y Sudán del Sur, entre otros.

En cualquier caso, los acuerdos con “terceros países seguros” deben de contener cláusulas que garanticen el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos, así como mecanismos de rendición de cuentas sobre la implementación de dichos acuerdos.

Por otro lado, no debe condicionarse, ni instrumentalizar la ayuda al desarrollo para fines de control migratorio. Las acciones de los Estados en materia de cooperación al desarrollo deben fomentar el desarrollo y erradicar la pobreza y sus causas dentro de los marcos establecidos por la comunidad internacional. Debe garantizarse el apoyo al desarrollo en los países de origen y la asistencia humanitaria desde un enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo que impregne toda la acción exterior. Garantizar fondos suficientes y sostenidos en el tiempo es imprescindible para que estos objetivos se cumplan. En este sentido, es urgente que España recupere los niveles presupuestarios de ayuda humanitaria – que se encuentran en el 4% de la AOD – para alcanzar el compromiso establecido en el plan director del 10% de la AOD.

 

5. Financiación plena y apoyo económico suficiente para garantizar la protección e integración de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en los países que acogen a un gran número de estas personas.

Las personas refugiadas y migrantes han de tener la opción a desarrollar una vida digna en los países de acogida. Para ello es fundamental desarrollar políticas de integración bidireccionales entre las personas recién llegadas y las sociedades de los países que las acogen. Políticas de integración que han de ser reales y efectivas por lo que han de ser dotadas de la financiación suficiente para implementarlas en el ámbito local, y que incluyan planes de sensibilización para luchar y evitar el creciente ascenso del racismo y la xenofobia contra estas personas.

 

DESCÁRGATE EL DOCUMENTO CON LAS 5 MEDIDAS Y DIFÚNDELO BAJO EL HASHTAG #SuTiempoSeAcaba