La serie de seminarios web sobre apatridia deja clara la necesidad de reformar la legislación para ofrecer una mejor protección a las personas apátridas en España

Más de 300 asistentes participaron en los webinars #AbordandolaApatridia

Los encuentros de los días 23 y 30 de septiembre, y del 7 de octubre sirvieron para visibilizar la situación jurídica de las personas apátridas en España y abordaron detenidamente importantes cuestiones y lagunas en materia de apatridia que deben ser resueltas con urgencia. Todo ello ha quedado plasmado en esta carta abierta elaborada conjuntamente por Fundación Cepaim, European Network on Statelessness (ENS), Accem y la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) que fue enviada a la Presidencia del Gobierno, a los Ministerios competentes y a los distintos grupos parlamentarios. Otras catorce organizaciones sociales se habían adherido ya en ese momento, y la carta sigue abierta para nuevas adhesiones.

Durante la primera sesión, presentamos el Índice de Apatridia (Statelessness Index) de ENS, coordinado por Fundación Cepaim y elaborado también por Pedro Sanz (CCAR), Arsenio G. Cores y Aleksandra Semeriak, miembros individuales de ENS. Se trata de un instrumento esencial para conocer la situación jurídica y social de las personas apátridas que, como base de datos, puede emplearse como herramienta comparativa para conocer las buenas prácticas de otros Estados en esta materia. El evento fue moderado por Nina Murray (ENS), y contó con Aleksandra Semeriak, Paco Ortiz (ACNUR), Blanca Sánchez (Oficina de Asilo y Refugio) y Nacho Hernández (Fundación Cepaim).

Conocida la situación jurídica de las personas apátridas en el Estado español, la segunda sesión abordó específicamente la necesidad de reformar la actual normativa de apatridia aprovechando la futura reforma de la actual ley de asilo para crear un nuevo marco legislativo de protección internacional que incluya la apatridia. En esta ocasión estuvieron presentes Aleksandra Semeriak como moderadora, Gábor Gyulai (Comité Helsinki de Hungría), Paco Ortiz (ACNUR), Nacho Hernández (Fundación Cepaim), y Francisco Dorado (Director General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), quien valoró positivamente la necesidad de mejorar la protección jurídica de las personas apátridas.

El último evento sirvió para hacer pública la propuesta de reforma de Fundación Cepaim y de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia para modificar el Código Civil con el objetivo de reducir el plazo de residencia exigido para adquirir la nacionalidad española en el caso de personas apátridas. Moderado por Nacho Hernández (Fundación Cepaim), el encuentro contó con Dorothy Estrada-Tanck (Universidad de Murcia y directora de su Clínica Jurídica), Paco Ortiz (ACNUR), Aurelia Álvarez Rodríguez (Universidad de León), Lydia Esteve González (Universidad de Alicante), y Mar López Álvarez (Subdirectora Adjunta de Nacionalidad y Estado Civil, Ministerio de Justicia), quien, en representación del Ministerio de Justicia afirmó el compromiso de esta institución para tramitar la propuesta de reforma, aunque con una reducción del plazo a cinco años, y no a dos años como solicitamos desde Fundación Cepaim y desde la Clínica Jurídica.

Principales conclusiones:

• Las personas solicitantes del estatuto de apátrida se encuentran desprotegidas jurídicamente, y en situación de desventaja con respecto a las que solicitan protección internacional en este respecto.

• Es necesario crear un marco jurídico de protección internacional que aproveche la reforma de la actual ley de asilo para incluir la apatridia en la nueva regulación y mejorar, de esta forma, la situación jurídica de personas solicitantes y beneficiarias del estatuto de apátrida.

• Las personas apátridas son quienes más necesitan una nacionalidad, al ser las únicas carentes de ella, por lo que las normas sobre la adquisición de la nacionalidad española deben favorecer su acceso a personas apátridas y cumplir así con las obligaciones internacionales del Estado español.