Comunicado sobre vivienda

Las cuatro organizaciones sociales valoramos el avance que supone la aprobación de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de la democracia.

Consideramos urgente la aprobación de una Estrategia estatal de erradicación de asentamientos chabolistas y de infravivienda 2030.

La existencia de asentamientos chabolistas y de infravivienda en España supone una clara vulneración de derechos para las personas residentes, incompatible con nuestro Estado de Derecho.

La aprobación, la semana pasada, de la primera Ley por el Derecho a la Vivienda de la democracia supone un paso adelante en la garantía del derecho a una vivienda, especialmente para aquellas personas o grupos que tienen más dificultades en el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible.

Sin embargo, reconociendo el avance que la aprobación supone, las organizaciones sociales firmantes reclamamos que este marco legal se traduzca en una política pública que haga real y efectivo este derecho para quienes viven en espacios de vulnerabilidad social y segregación residencial, como son los asentamientos chabolistas y de infravivienda. Una realidad que afecta principalmente a población gitana, migrante y trabajadores /as temporeros/as.

Las cuatro entidades firmantes (Andalucía Acoge, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano y Provivienda) representamos a organizaciones sociales con una larga experiencia en el apoyo a la inclusión social y el acceso a una vivienda digna de las personas residentes en espacios segregados y de alta vulnerabilidad. Además, hemos publicado recientemente informes y estudios sobre la situación de los asentamientos de chabolismo e infravivienda, y de quienes viven en ellos, así como del racismo estructural que atraviesa el mercado de la vivienda y las dinámicas de exclusión residencial que esto genera, existiendo vínculos directos entre dichas dinámicas y la existencia de asentamientos chabolistas e infravivienda. La Ley de Vivienda, su desarrollo y aplicación, no puede obviar que esta circunstancia de racismo estructural ubica a las personas pertenecientes a los grupos étnicos que sufren discriminación en España en un nivel máximo de exclusión para el acceso a este derecho fundamental.

Cada una de nuestras organizaciones ha participado activamente en el proceso de elaboración de la Ley por el Derecho a la Vivienda con aportaciones en distintos ámbitos de la misma. Nos une el objetivo compartido de que la aprobación de la ley es sólo el primer paso para alcanzar la erradicación de los asentamientos de chabolismo e infravivienda en España y las dinámicas estructurales que los refuerzan, y que la mención que hace la Ley a este tipo de asentamientos, principalmente en el art.14 (Situaciones de especial vulnerabilidad) requiere de un impulso y mayor concreción.

Por ese motivo pedimos la aprobación de una Estrategia estatal de erradicación de asentamientos de chabolismo e infravivienda 2030. Creemos que el mandato de la Ley para abordar los asentamientos ofrece una oportunidad para adquirir un compromiso más operativo, una estrategia que sirva como instrumento de dirección, coordinación política con las CCAA y de movilización de recursos que permita hacer realidad la erradicación de los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España en 2030.

Una Estrategia que garantice el pleno respeto de las garantías legales y los derechos fundamentales de las personas residentes, y asegure una alternativa habitacional digna y adecuada, de acuerdo a sus necesidades. Además, esta estrategia deberá ir acompañada de medidas concretas para la prevención de la discriminación racial en el ámbito de la vivienda.

Esta Estrategia estatal deberá establecer las bases para la definición de planes de acción para cada uno de los asentamientos, en los que se concretará la hoja de ruta para promover el acceso de las personas residentes en ellos a una vivienda digna y adecuada en un entorno inclusivo, así como su mantenimiento a lo largo del tiempo, a través de programas de realojo de las personas y familias, que deberán ser consultadas y acompañadas por los recursos públicos, promoviendo su plena inclusión social.

Para su financiación, la Estrategia puede contar con los numerosos recursos existentes, tanto fondos europeos como presupuesto estatal, a disposición de CCAA y ayuntamientos que permitan invertir en facilitar el acceso a la vivienda y entornos inclusivos, y ejecutar los distintos planes de acción locales.