Relator de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: “la realidad actual del país no agradaría a la mayoría de las españolas y españoles si la miraran de cerca”

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Philip Alston, en su visita a España en febrero de 2020

Hoy se presenta el informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos sobre su visita a España a principios de 2020. Se trata de un documento realizado por Philip Alston el anterior Relator, que presenta hoy Olivier De Schutter como nuevo Relator, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

[enlace al documento: https://undocs.org/es/A/HRC/44/40/Add.2]

El informe destaca que los poderes públicos han fallado y siguen fallando a las personas en situación de pobreza en el contexto de la recuperación económica, y denuncia “situaciones de gran pobreza muy extendidas”, una crisis de vivienda “de enormes proporciones”, un sistema de protección social “muy insuficiente”, y “una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valora más el formalismo que el bienestar de las personas”.

Según el Relator, “la realidad actual del país no agradaría a la mayoría de las españolas y españoles si la miraran de cerca”, y la solidaridad social “ha resultado gravemente fracturada por la crisis económica y por las políticas adoptadas posteriormente por sus gobernantes”.

Para el Relator, “la gente se siente abandonada, y con razón”, y es que “la asistencia social no combate eficazmente la pobreza”, ya que “el sistema de prestación de asistencia social está roto, no se financia adecuadamente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan”. Recomienda reducir los trámites innecesarios, simplificar procedimientos, y eliminar obstáculos y requisitos excesivos.

“La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas”. Describe el sistema educativo español como uno segregado por nivel socioeconómico y por etnia, y denuncia que, a pesar de la educación gratuita, muchas familias tienen dificultades para asumir gastos vinculados (transporte, comida, libros y materiales).

Exige una revisión profunda del sistema educativo para reducir los “alarmantes niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación”, así como para sufragar todos los gastos relacionados con la educación de niños y niñas en riesgo de pobreza, e introducir programas de educación preescolar y apoyo extraescolar.

El Relator denuncia que el Gobierno de España ha reconocido que la vivienda es fundamental para combatir la pobreza, pero que “se ha hecho muy poco para garantizar el derecho a la vivienda”.

Denuncia que el precio del alquiler aumentó en más del 50% entre 2013 y 2019, mientras que los sueldos han perdido un 7,8% de su poder adquisitivo.

Destaca el Relator que las viviendas de alquiler asequibles “son prácticamente inexistentes”, por lo que “España debería aumentar sustancialmente el número de viviendas de bajo costo disponibles” y “elaborar inmediatamente medidas fiscales para incentivar el alquiler de los millones de apartamentos que permanecen vacíos”.

Con respecto al sinhogarismo, denuncia que “las políticas preventivas son prácticamente inexistentes y las personas afectadas por el sinhogarismo destacaron cuán difícil les resultaba acceder a los servicios sociales sin un domicilio fijo, lo que impedía a las personas en las situaciones más precarias recibir las ayudas a las que tenían derecho”.

Considera que las autoridades deben “hacer mucho más para hacer realidad el derecho a la vivienda” y que, aunque se trata de un derecho reconocido en la Constitución española, “a efectos prácticos, el derecho a la vivienda en España es mayormente irrelevante”.

Exige la aprobación de una ley sobre el derecho a la vivienda basada “en el hecho de que la vivienda es, tanto desde el punto de vista constitucional como en virtud del derecho internacional, un derecho humano”.

La pobreza afecta de forma desproporcionada a las mujeres en España, quienes “se ven más afectadas que los hombres por la pobreza relativa, la carencia material severa, la baja intensidad de empleo y la pobreza severa”. Denuncia, además, que la violencia de género es una causa de pobreza.

El informe señala que las personas migrantes no ciudadanas de la UE son quienes se encuentran en un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.

Denuncia las campañas de acoso contra niñas y niños no acompañados, quienes se hallan en “una situación extremadamente preocupante”, y recuerda que España sigue empleando procedimientos “desacreditados y poco fiables”, incluyendo “exámenes genitales invasivos y humillantes” para determinar la edad de menores.

El empleo de esos procedimientos criticados de forma reiterada por el Comité de los Derechos del Niño puede conllevar al no reconocimiento de la condición de menor de forma errónea, impidiendo así el acceso del niño o niña a los derechos de los que son titulares, “creando un vacío que puede empujar a las niñas y niños a la pobreza y exponerlos a la trata, el trabajo sexual, los abusos sexuales, la farmacodependencia o incluso la desaparición”.

El Relator afirma que las condiciones de las personas migrantes en el asentamiento de Huelva que visitó “se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo”. Sin acceso al agua o a la electricidad y sin saneamiento, y “prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública”.

También denuncia la situación de mujeres y niñas migrantes en el sector de la agricultura expuestas “a la explotación sexual y comercial” y que han sido “objeto de la violencia institucional y carecían de la protección más básica”.

El Relator ha tenido en cuenta las aportaciones de Fundación Cepaim en sus recomendaciones al Gobierno de España en cuanto a la facilitación de la regularización de personas migrantes, así como para evitar la irregularidad sobrevenida. 

 

Autor: F. Cepaim

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