Nos situamos ante dos Españas, la rica y la empobrecida. ¿Se puede crecer en términos de PIB, dejando a una parte de la ciudadanía en el olvido?

Tras los 12 días de visita en España, el Relator de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, en los que se ha reunido con infinidad de actores sociales y ha realizado comprobaciones  en el terreno, este viernes ha presentado sus conclusiones provisionales, en rueda de prensa y en un documento publicado aquí, haciendo un diagnóstico tan demoledor como acertado, presentando las consecuencias de un modelo de crecimiento no inclusivo, en donde las desigualdades aumentan, mientras mantenemos un sistema fiscal que otorga más beneficios a los ricos que a los pobres, y donde hay muchísimas personas abandonadas a su suerte, con una mentalidad burocrática profundamente arraigada en la administración  que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.

“Los políticos les han fallado a las personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio”, señalando que “la burocratización del sistema de asistencia social es una causa de la exclusión, la excesiva solicitud de documentos sirve como obstáculo a la ayuda”.

Sus conclusiones provisionales nos ponen ante un espejo, en el que España no sale favorecida, poniendo negro sobre blanco lo que desde la sociedad civil venimos, desde hace años, narrando  y reclamando; la mayoría de veces ante la pasividad de nuestra clase política. Buena parte de la sociedad, la más desfavorecida, ha sufrido todo el rigor de unas medidas de austeridad que afectaron implacablemente a los derechos sociales y a la protección de las personas, sin que hoy se haya recuperado el terreno perdido, con el agravante de que en algunos casos, ello no es posible, como ha sucedido y hemos denunciado en el caso del desmantelamiento parcial del parque de vivienda social en algunas Comunidades Autónomas.

El Relator nos habla y describe, entre otras, lo que es una terrible realidad oculta para la inmensa mayoría de personas, y en la que Fundación Cepaim lleva años presente y trabajando, como son los asentamientos infrahumanos en donde malviven miles de personas migrantes, lugares segregados de los núcleos de población, alejados de los espacios de convivencia, que carecen de servicios tan básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento. El Relator los describe como “barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación y con condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier otra parte del mundo”.

Otros indicadores no, por ya conocidos, dejan de ser preocupantes, ya que afectan a la infancia. Una sociedad como la nuestra no puede permitirse indicadores tales como que el 33’7% del alumnado de educación primaria estén en riesgo de exclusión social en 2018, el descenso significativo en la inversión en educación, la segregación por razones socioeconómicas o étnicas (el 72% de menores vulnerables estudian en esos centros) del alumnado, o un porcentaje del 17,9% de abandono escolar.

Las conclusiones provisionales vienen a poner sobre la mesa la necesidad de abordar, entre otras, reformas e iniciativas, muy necesarias, en materias como la renta mínima de inserción, sumándose a las recomendaciones que ya hiciera hace apenas dos años el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, para lograr que ésta se convierta en una herramienta eficaz que ayude a salir de la pobreza.

En materia de vivienda expresa su preocupación por la profunda disparidad entre las necesidades reales y las soluciones que se están barajando por las administraciones, constatando que el derecho a la vivienda, hoy es un cascarón vacío e irrelevante, que precisa de una reforma constitucional para su exigibilidad, demanda que, por otra parte lleva en las agendas de las oenegés nacionales grabada desde hace ya demasiado tiempo.

Nos recuerda que si España se toma en serio la lucha contra la pobreza y pretende realizar las tan necesarias inversiones en políticas de servicios sociales, educación y vivienda, también debe cambiar sus políticas fiscales. Los ingresos actualmente recaudados son demasiado bajos para cumplir con los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresivo, poniendo énfasis en la importancia de la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, que cuestan miles de millones al país cada año.

Es imposible crecer exclusivamente en términos económicos si mantenemos las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Es urgente abandonar los modelos económicos basados en el crecimiento especulativo y sustituirlos por un nuevo modelo de economía que apueste por el desarrollo inclusivo, en donde las administraciones, empresas y organizaciones   nos vinculemos con las políticas que actúen frente a las desigualdades.

El relator, dedica también palabras de agradecimiento hacia el Tercer Sector de Acción Social en España, por su colaboración durante la visita y al que describe como uno de los más dinámicos que ha visto, pero también recuerda acertadamente que la lucha contra la pobreza, no puede recaer exclusivamente sobre él, sino que es necesario el compromiso de todos los niveles de la Administración, como responsables directos de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos.

Esperamos que este espejo ante el que se nos ha puesto, que presenta dos Españas, una rica y próspera y otra desigual y empobrecida, en la que la pobreza es, en sus palabras, una opción política, sirva de acicate para desarrollar a corto plazo las políticas sociales a nivel nacional, autonómico y local, que implementen sus recomendaciones, las cuales compartimos y celebramos.

Como sociedad no podemos permitirnos que apagadas las luces de los flashes de la rueda de prensa, y olvidadas las noticias que se publiquen estos días, lo aprendido quede en el olvido y sigamos dejando ciudadanos y ciudadanas atrás, abandonadas a su suerte.

Juan Antonio Segura Lucas.

Jesús Tolmo García.

Fundación Cepaim.