NO MÁS MUERTES EN ASENTAMIENTOS CHABOLISTAS
En diciembre, ocho personas fallecieron como consecuencia de un incendio en un asentamiento chabolista de Badalona. El pasado miércoles, 19 de mayo, 2 personas perdían la vida en otro incendio, esta vez ocurrido en otro asentamiento chabolista en Lucena del Puerto (Huelva). Ahora, un nuevo incendio en Níjar se suma a este largo drama.
Los asentamientos informales son lugares empleados a modo de vivienda que no reúnen unas condiciones mínimas de habitabilidad (chabolas autoconstruidas de plástico, ruinas, edificios en muy malas condiciones, caravanas, naves, etc.), y suelen localizarse tanto en entornos rurales cercanos a las explotaciones agrarias, como urbanos.
Estos asentamientos informales son una de las manifestaciones más extremas e invisibilizadas de la exclusión residencial. Recordemos que unas 15.000 personas residen en esta tipología de alojamiento distribuidas principalmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.
En Andalucía, se han vivido en los últimos 9 días tres incendios que han afectado a más de 600 personas. El primero de ellos ocurrió la madrugada del sábado en el municipio onubense de Palos de la Frontera. Los daños, que solo fueron materiales, afectaron a unas 230 personas, quemándose alrededor de 200 chabolas. Muchas de estas personas se recuperaban del incendio que tuvo lugar, en la misma ubicación, el pasado 18 de febrero, de similar magnitud.
El segundo, donde perdieron la vida dos personas, ocurrió en un asentamiento de Lucena del Puerto a escasos kilómetros del Parque Nacional de Doñana, ubicado en una zona rural de difícil acceso rodeada de explotaciones agrarias donde se hallaban más de un centenar de chabolas.
El último ocurrió ayer domingo 23 de mayo, en el municipio almeriense de Níjar en una zona conocida como las Chozas. Más de 140 chabolas se calcinaron afectando a unas 300 personas.
La ubicación de los asentamientos, alejados de los núcleos urbanos, intensifica el aislamiento en el que se encuentra esta población, dificultando su acceso a los servicios esenciales y agravando su situación de exclusión social.
Ante esta realidad y este reto social desde Fundación Cepaim consideramos urgente realizar una intervención planificada y coordinada entre los distintos niveles de la administración, en colaboración con las organizaciones sociales, el sector empresarial y la participación de las personas afectadas. De esta manera caminaremos hacia la erradicación de esta lacra social que afecta a las necesidades más básica y suponen una flagrante violación de los derechos humanos.
El Estado Español se ha comprometido con la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030 y en particular con el objetivo nº 11 “convertir las ciudades y los asentamientos humanos en inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. A todas luces, la consecución de este ambicioso objetivo no será posible mientras no seamos capaces de articular medidas eficaces para combatir esta realidad, garantizando los derechos humanos de las personas que la padecen. Cabe añadir, que las múltiples vulnerabilidades que afectan a las personas que residen en asentamientos informales debido a su precariedad residencial, laboral, administrativa, sanitaria, entre otras, se han visto agravadas por la incidencia de la COVID-19.
La intervención propuesta ha de ser integral, es decir, teniendo en cuenta las distintas dimensiones de la persona y los múltiples ámbitos (legal, habitacional, formativo, laboral, sanitario, comunitario, etc.) que afectan a sus posibilidades de integración normalizada en la sociedad de acogida. La búsqueda de alternativas habitacionales es posible en el marco de una adecuada aplicación de los fondos estructurales y de recuperación en el actual contexto.
Resulta imprescindible contar con profesionales de la mediación intercultural pertenecientes a las comunidades de origen de la población a atender o formados en competencias lingüísticas e interculturales, indispensables para crear lazos de confianza, asegurando que las informaciones sean correctamente transmitidas y comprendidas, así como haciendo un especial hincapié en la resolución de conflictos para lograr una mejora de la convivencia.
Consideramos inadmisible que esta realidad sea sostenible en España durante largos años, mientras miles de personas malviven en unas durísimas condiciones que atentan contra los derechos humanos. Las personas que habitan los asentamientos no son un simple número, tienen rostro, anhelos, esperanzas, sueños, familia, como cualquiera de nosotros y sin embargo seguimos viendo cómo mes a mes se suman los incendios de asentamientos, en donde las personas que los habitan pierden todo, hasta la esperanza o incluso la vida.
Recordemos las palabras del Relator de la ONU para la Pobreza Extrema, Philip Alston, en su visita a los asentamientos chabolistas existentes en la provincia de Huelva:
“He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país (…) barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”, afirma un relator de derechos humanos, que asegura que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a las empresas y a los ricos. El único aspecto positivo que encuentra es el compromiso del nuevo Gobierno con la justicia social.”
Javier Pérez Cepero. Coordinador autonómico de Fundación Cepaim en Andalucía.
Juan Antonio Segura Lucas. Director General de Fundación Cepaim.