
Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, y Can Ünver, que preside el Comité para los Trabajadores Migratorios denunciaron, en la celebración del Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), la criminalización de migrantes y personas que les apoyan por motivos de seguridad nacional, e instaron a luchar contra los discursos de odio.
Consideran que la seguridad es un objetivo legítimo, pero que nunca puede ser invocada como justificación para limitar los derechos humanos, ni ser empleada para criminalizar la migración; la protección de los derechos humanos de todas las personas debe seguir siendo el objetivo principal de todas las políticas.
La vulneración de ese principio afecta especialmente a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, como las que se encuentran irregularmente en el territorio.
La incitación al odio es también otra de las preocupaciones mostradas por González y Ünver. Los discursos racistas generan estigma y favorecen la criminalización de las personas migrantes, lo cual tiene un impacto negativo en la implementación efectiva de sus derechos humanos.

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El Pacto Mundial sobre la Migración ofrece una oportunidad única para asegurar que los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas, niños son respetados en todas las etapas del itinerario migratorio. Es esencial su completa implementación, pero para ello se necesita que los Estados cooperen entre ellos, con el apoyo de Naciones Unidas, de la sociedad civil y de otros colectivos interesados.
González y Ünver aprovecharon para pedir a los Estados que ratifiquen la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de la que el Estado español no es parte.
Artículo publicado en el número 11 de la Revista Por Derechos XDS realizada por el Departamento de Alianzas, Incidencia e Internacional de Fundación Cepaim disponible en nuestra Biblioteca.