La cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de septiembre de 2019 permitió a los Estados confirmar su compromiso con la Agenda 2030 y manifestar su voluntad de ampliar sus esfuerzos en ese sentido. Naciones Unidas considera que es hora de pasar de las palabras a los hechos. Con solo una década por delante, es esencial que las actuaciones se centren en las necesidades reales de las personas y las comunidades; solo así se impedirá la exclusión social.
En la cumbre de 2019, los Estados acordaron impulsar la acción local, agilizar la implementación de los ODS y prometieron favorecer el empoderamiento y el apoyo a las ciudades, y a las autoridades y comunidades locales. Estas tienen un papel fundamental, pero no son las únicas que deben ser tenidas en cuenta, y es que Naciones Unidas exige a los Estados que aseguren la participación pública más amplia posible en el proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo para que todas las personas interesadas tengan voz y voto en aquello que les afecta.
Se trata de algo incumplido hasta la fecha y que se evidencia en el creciente descontento popular. Las manifestaciones y protestas en más de 30 países durante 2019 son consecuencia de problemas causados por la desigualdad, las restricciones a las libertades públicas, la corrupción, la insatisfacción con los servicios públicos, la discriminación y el cambio climático. Uno de los principales motivos por los que el desarrollo de los ODS va con retraso es precisamente que las políticas no abordan los problemas reales de las personas; si aquellos no se centran en estos, no tendrán nunca éxito.

Además, Naciones Unidas destaca que aquellas personas a quienes ya se les denegó los beneficios del desarrollo en un pasado siguen siendo marginadas, excluidas y carecen de poder y capacitación: mujeres, minorías étnicas, raciales y religiosas, personas desplazadas internas, migrantes, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza son habitualmente discriminadas. Si no se combate la desigualdad, la exclusión y la discriminación institucionalizada que sufren estas comunidades, no existirá nunca un desarrollo sostenible, universal e inclusivo.
Por lo tanto, para lograr resultados a largo plazo, el proceso de desarrollo debe ser holístico e involucrar a todas las personas interesadas; para ello, los Estados deben eliminar los obstáculos y barreras visibles e invisibles que limitan la participación comunitaria, como la carencia de identidad, los altos costes económicos o las restricciones sociales, para asegurar los beneficios del desarrollo para toda la sociedad.
Artículo publicado en el número 11 de la Revista Por Derechos XDS realizada por el Departamento de Alianzas, Incidencia e Internacional de Fundación Cepaim disponible en nuestra Biblioteca.