Las ONG de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato urgen al Gobierno para que cumpla con su compromiso de tramitar esta ley

Categorias: Igualdad y Gestión de la Diversidad

  • Hoy 16 de noviembre día Internacional para la Tolerancia, las organizaciones que constituyen la “La Alianza por una ley de Igualdad de Trato y No Discriminación” reclaman de nuevo, la tramitación de una Ley Integral de Igualdad de Trato, instando a las autoridades competentes a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para la promulgación de esta ley.
  • Después de dos intentos fallidos en
    2011 y 2019 para su aprobación, el Estado español se comprometió en
    julio, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a aprobarla lo
    antes posible, pero las entidades temen que la tramitación vuelva a
    paralizarse.
  • Esta norma es imprescindible para
    asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. Mientras no se
    apruebe, aseguran que España estará “en deuda con la igualdad”.

Tras varios intentos fallidos para la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, las entidades que componen la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, todas ellas referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, vuelven a exigir a los poderes públicos que cumplan su compromiso con la Organización de Naciones Unidas (ONU) de aprobar esta ley. El pasado mes de julio el Estado se comprometió con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sin embargo, todavía no se ha avanzado en su promulgación.

Compromiso del Estado español ante la ONU

El pasado mes de julio el Estado español se
comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos para impulsar esta ley,
afirmando su voluntad de “aprobar próximamente la Ley Integral para la Igualdad
de Trato y la No Discriminación”. Sin embargo, a fecha de 16 de noviembre, las
entidades que forman parte de la Alianza, aún no tienen conocimiento de que
haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso. Tampoco cuentan
con información de que vaya a crearse un proceso de consulta a fin de que esta
ley incorpore un enfoque interseccional que incluya todas las mejoras
necesarias para que las víctimas de discriminación encuentren la respuesta que
vienen esperando.

Las
organizaciones que forman parte de la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato
consideran fundamental que este compromiso se materialice con carácter urgente.
En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se
remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos
preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad
civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de
elecciones.

Avances insuficientes

Las ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo que forman parte de la “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato” han remitido carta al Gobierno de España para que con urgencia se haga efectivo el compromiso adquirido para la aprobación de esta ley tan necesaria y que se encuentra estancada desde hace más de 10 años.

En la carta, las
entidades destacan “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en
su día a día las personas con las que trabajan, que sufren vulneraciones
diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden
responderse de manera efectiva, simplemente porque no existe un marco normativo
específico que las sancione o que las aborde de manera adecuada”.

Víctimas sin resarcir.

Las entidades
que impulsan esta Alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de
distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, y conocen de primera
mano las consecuencias directas para estas personas de la ausencia de un marco
normativo adecuado; muchas han sido las ocasiones en las que personas que
sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico han quedado
sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y
sanciones. Por ejemplo, los casos en los que los superiores jerárquicos de una
empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a
determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a
personas gitanas o de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden
denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona.


ALIANZA POR UNA LEY DE IGUALDAD DE TRATO

Accem

Asociación Rumiñahui

Comisión Española de Ayuda al
Refugiado

Cruz Roja Española

Fundación Cepaim

Fundación Secretariado Gitano

Movimiento por la Paz-MPDL

Red Acoge

Autor: Fundación Cepaim