España ante el Foro Regional de seguimiento del Pacto Mundial sobre Migración

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  • Durante este jueves y viernes se revisará la implementación de medidas para el cumplimiento de los 23 objetivos planteados en el Pacto tras dos años de su firma.
  • El Estado español, como país firmante, debe avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas para el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.

El Foro Regional Europeo para el seguimiento del Pacto Mundial de las Migraciones donde se revisarán los avances en cuanto a la implementación de medidas concretas para lograr los objetivos planteados, tiene lugar esta semana, los días 12 y 13 de noviembre. El Pacto parte de la premisa común de que “la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado” y marca 23 objetivos relacionados con las políticas en las fronteras, la discriminación y el racismo, los planes de movilidad laboral y otros aspectos relacionados con los efectos positivos de la migración en el desarrollo de los países.

A pesar de ser un Pacto “no vinculante jurídicamente”, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a velar por los derechos humanos de todas las personas. De esta forma, la firma de este Pacto implica un cambio radical tanto en el enfoque de las políticas migratorias abordadas como en la normativa de extranjería vigente.

El Estado español debe asumir sus obligaciones

En diciembre de 2018, el Estado español firmó el Pacto Mundial para las Migraciones como marco de cooperación multilateral para abordar la gobernanza de la migración de forma conjunta y reconocía que “ningún Estado puede abordar la migración en solitario”. Ese mismo año, España pasó el examen ante el Comité de derechos económicos, sociales y culturales y del Comité de derechos del niño. Ambos comités expresaron su preocupación sobre la situación de las personas migrantes y la necesidad de adoptar medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En cuanto a los procedimientos especiales del Consejo de derechos humanos, en el año 2018 el Grupo de trabajo de Afrodescencientes realizó una visita oficial a España y a principios de este año lo hizo el Relator especial de Extrema Pobreza y Derechos Humanos. En ambos casos, los informes sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes han sido contundentes en cuanto a la necesidad de avanzar en la garantía y protección de los derechos de la población migrante. Además, el pasado mes de julio se adoptó en el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas el informe final del Examen Periódico Universal (EPU) de España, en el cual se incluían 58 recomendaciones específicas para avanzar en los objetivos planteados en el Pacto Mundial, 31 de ellas relacionadas con la igualdad de trato y no discriminación.

En el marco de sus obligaciones internacionales, el estado español debe asumir estas recomendaciones como compromisos políticos y adoptar medidas concretas para poner fin a la práctica de las devoluciones calientes, la externalización de las fronteras, el cierre definitivo de los CIE o las paradas por perfil racial. Además, es necesario adaptar la normativa de extranjería al contexto social y económico actual modificando los requisitos para autorizaciones de residencia y trabajo a las personas extranjeras y garantizar el acceso a las medidas inmediatas de alivio económico y a medidas de protección social, dirigidas a atenuar los efectos más agudos de la crisis, incluido el Ingreso Mínimo Vital, para que la firma del Pacto se traduzca en compromisos y acciones concretas.

RED ACOGE | ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD | FUNDACIÓN CEPAIM

Autor: F. Cepaim

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