En la época de la COVID-19, España ofrece al mundo una vía para poner fin al internamiento migratorio
Por Christina Fialho y Nacho Hernández Moreno.
Christina Fialho es abogada, y cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants. Nacho Hernández Moreno es abogado en el Departamento de Incidencia, Alianzas e Internacional de Fundación Cepaim
El internamiento de personas migrantes es un fenómeno mundial relativamente reciente. Antes de la década de 1980, pocos países tenían un sistema para internar migrantes; pero entonces surgieron dos compañías privadas de prisiones en los Estados Unidos que comenzaron a presionar a favor de leyes que impusieran la el internamiento de migrantes. Ese país tiene hoy el sistema de detención migratoria más grande del mundo, pero casi todos los demás estados han seguido su ejemplo.
Podemos y debemos poner fin al internamiento de personas por el mero hecho de cruzar una frontera, y países como España muestran el camino para ello. A 15 de mayo, no queda ninguna persona migrante en los centros de internamiento en España.
La entrada o estancia irregular en el territorio no es un delito en España. Eso quiere decir que las personas en situación administrativa irregular no pueden ser condenadas penalmente ni encarceladas por no existir vulneración del Código Penal. Se trata de una infracción administrativa, categoría entre la que se incluye, por ejemplo, el incumplimiento de las medidas de confinamiento obligatorias durante esta pandemia.
Pero España no es un caso aislado. Casi todos sistemas de internamiento de migrantes en el mundo operan como mecanismo administrativo. En algunos casos, esto permite que los estados priven a migrantes de su libertad sin las garantías del Derecho penal. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas migrantes internadas no tienen derecho a un abogado de oficio, circunstancia que sí está prevista por el sistema judicial penal en el caso de personas sin recursos.
A pesar del hecho de que la detención migratoria no debe ser punitiva, las personas migrantes son internadas en instalaciones semicarcelarias. En estos centros, se priva a aquellas de sus familias y de su libertad de movimiento, y se restringen las comunicaciones con abogados y sus propios familiares.
Organizaciones sociales como las nuestras, Fundación Cepaim y Freedom for Immigrants, defienden alternativas al internamiento que pongan fin a la detención migratoria.
Como respuesta a la COVID-19, España ha cerrado todos sus centros de internamiento de extranjeros, y alrededor de 500 personas migrantes han sido liberadas. La normativa prevé el internamiento como medida para asegurar la expulsión del territorio. La imposibilidad de llevarlas a cabo con motive de la emergencia sanitaria implica que el internamiento pierde su fundamento jurídico. Las organizaciones sociales pidieron al gobierno y a los jueces de control de aquellos centros la liberación de todas las personas. Esto choca frontalmente con la política llevada a cabo en Estados Unidos, que ha continuado deportando personas, incluso aquellas que han dado positivo en la prueba del coronavirus.
La liberación masiva de todas las personas internadas en España en cuestión de seis semanas ha sido posible gracias a la labor de organizaciones y personas que llevan trabajando en primera línea mucho tiempo. Desde el 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, Fundación Cepaim ha recibido a 46 personas derivadas de los centros de internamiento de Madrid, Valencia y Murcia -aproximadamente el 10% del total de la población internada que ha sido liberada-. Las ha acogido en su programa de Atención Humanitaria, un proyecto que ofrece alojamiento, alimento, ropa, higiene e incluso clases de español para las personas usuarias. Estas reciben el apoyo de un personal técnico especializado en distintos puntos del territorio estatal, así como el de personas voluntarias y el de un equipo jurídico también implicado en la asistencia jurídica a personas dentro del sistema de acogida para personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas que desarrolla la entidad.
El programa de Atención Humanitaria, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lleva en marcha más de una década y está diseñado para lograr la inclusión social de personas migrantes en situación irregular que llegan a las costas o son interceptados en el mar antes de su llegada. Si no pueden ser devueltos en un plazo de 72 horas, las autoridades se ponen en contacto con las organizaciones sociales que desarrollan estos programas de acogida, como Fundación Cepaim, para acogerlos en sus dispositivos. Las entidades sociales piden que el cierre de los centros de internamiento como consecuencia de la pandemia sea una medida permanente para poner fin a la detención migratoria, y organizaciones como Fundación Cepaim está dispuesta a acoger en sus programas a personas que, de otro modo, serían internadas en aquellos centros.
Freedom for Immigrants desarrolla un programa similar en Estados Unidos, financiado a través de donaciones privadas, y gestionado por un equipo de trabajadoras sociales y voluntarias. En lugar de ser internadas, las personas migrantes son liberadas y llevadas junto a sus familias en Estados Unidos. Si no tienen familiares en el país, se les pone en contacto con una familia de acogida y se les ofrece apoyo y seguimiento posterior a su puesta en libertad.
En estos momentos, el Gobierno federal de los Estados Unidos no financia alternativas al internamiento comunitarias, pero la Cámara de Representantes ha propuesto fondos para el apoyo posterior a la puesta en libertad de migrantes como parte de la ayuda del gobierno dirigida a mitigar el impacto de la pandemia. Asimismo, California acaba de aprobar unos fondos para las comunidades de migrantes, y está debatiendo una propuesta para ofrecer servicios de apoyo posterior a la liberación de migrantes.
Se trata de un paso en la dirección correcta para Estados Unidos.
Mientras Estados Unidos continúa internando a más de 30.000 migrantes anualmente, es posible poner fin a la detención migratoria no solo en cuestión de décadas, sino en meses. España ha mostrado al mundo que esto es posible, incluso durante una pandemia global.