El Defensor del Pueblo combate la desinformación sobre la inmigración y destaca su papel esencial en el sostenimiento del sistema de bienestar
El informe anual de 2019 del Defensor del Pueblo contiene un volumen específico sobre la contribución de la inmigración a la economía española. Destaca que se trata de un factor de reemplazo demográfico en España, que la inmigración laboral no solo ha sido necesaria en el pasado y lo es en el presente, sino que será aún más importante en el futuro, y aborda con datos objetivos desinformaciones que tienen un impacto negativo en la percepción de las personas migrantes por parte de la población nativa.
Además, el informe rebate la idea del efecto llamada del estado del bienestar, y afirma que este depende de la llegada de migrantes; es decir, el bienestar actúa más bien como consecuencia de la inmigración.
La opinión de estas personas suele estar moldeada principalmente, por percepciones sobre la contribución de las personas migrantes a la economía pública y sobre el uso de prestaciones.
El informe trata ideas y creencias erróneas que alimentan los prejuicios negativos hacia la inmigración a través del estudio de datos objetivos en el ámbito laboral, sanitario y de la seguridad social.
Desde el punto de vista laboral, el Defensor del Pueblo refleja que “el impacto de la inmigración laboral sobre los niveles de salarios, empleo o paro de los trabajadores nativos es muy reducido, no generalizable y, en todo caso, muy limitado en el tiempo”.
Por otro lado, los datos permiten concluir al informe que “los extranjeros no viven de las pensiones y no gozan de preferencia alguna en materia de transferencias públicas y prestaciones de la Seguridad Social”. Es más, el Defensor del Pueblo afirma que su presencia es testimonial en la percepción de pensiones contributivas y que no disfrutan de ninguna ventaja en la percepción de subsidios por desempleo. Se encuentran infrarrepresentados, “pese a que, en términos agregados, la situación de los hogares inmigrantes es visiblemente mucho más desfavorable que la de los nativos”.
Donde sí están levemente sobrerrepresentados es en la percepción de prestaciones sociales, una circunstancia que “se debe, lógicamente, a una situación de vulnerabilidad que, en promedio, es también muy marcada”.
El informe desmiente tajantemente la creencia errónea referente al uso de los servicios sanitarios por las personas migrantes. En este sentido, el Defensor del Pueblo defiende que no se sostienen objetivamente los prejuicios sobre el uso de estos servicios, ya que los datos muestran “cómo los extranjeros hacen un uso inferior de las consultas, pruebas diagnósticas y medicamentos, generando un menor gasto per cápita en sanidad que el asociado a la población nativa”.
Esta institución va más allá al determinar que el acceso al sistema universal a la sanidad, con independencia de la situación administrativa, “no es solo una exigencia ética, sino que además es una medida de eficiencia económica, en la medida en que contribuye a la mejora en la salud colectiva de toda la población y previene los excesivos costes que supone relegar la atención médica de la inmigración irregular a una situación de emergencia médica”.
Por último, el informe pone de manifiesto que “en términos de recaudación impositiva no existe ninguna excepción para los extranjeros que residen en territorio español, desmintiendo algunos de los bulos que de forma obstinada circulan a veces”, destacando que la contribución de la inmigración laboral “es muy notable desde el punto de vista de los ingresos fiscales especialmente por el lado de las contribuciones a la Seguridad Social”.
Noticia publicada en el número 12 de la Revista Por Derechos XDS realizada por el Departamento de Alianzas, Incidencia e Internacional de Fundación Cepaim disponible en nuestra Biblioteca.