El acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Andalucía para el año 2020 contempla la cesión masiva de datos de personas migrantes en situación irregular

El Partido Popular, Ciudadanos, y Vox suscribieron el pasado 23 de octubre de 2019 un acuerdo para el compromiso de apoyo al Proyecto de Ley para el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, por el que el Gobierno de la Junta

de Andalucía se compromete a continuar negociando con el Ministerio del Interior y a remitir una propuesta de Convenio de Colaboración para la gestión conjunta de la información que obre en los archivos de la Administración andaluza, esto es, compartir los datos de personas migrantes en situación irregular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta provisión no ha sido desarrollada normativamente y depende en última instancia de la voluntad del Estado para que se ponga en práctica, por lo que, es probable que este  acuerdo no llegue a término. Sin embargo, estaríamos equivocados si ignorásemos el impacto que la difusión que la noticia ya ha podido tener en las personas migrantes indocumentadas de Andalucía, que a la vista de esta desistan de acceder a los servicios sanitarios con el riego que para la salud ello supone, o a la asistencia social o la educación por miedo a ser expulsado como consecuencia del acceso a estos derechos.

Conviene recordar que si un Estado impone esa barrera al efectivo derecho a la salud, entre otros, estaría vulnerando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el derecho de toda persona a gozar de la mejor salud física y psíquica posible, y obliga a los Estados, en su artículo 2, a adoptar todas las medidas necesarias, “hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Fundación Cepaim está junto con otras oenegés miembros de PICUM, en el marco de la Campaña Firewall (cortafuegos) que esta organización de ámbito europeo ha desarrollado, para denunciar esta situación y proponer alternativas con el fin último de evitar medidas contrarias al ejercicio de derechos humanos por personas migrantes, como la cesión de datos propuesta por los partidos que forman parte de la Junta de Andalucía.

Artículo publicado en el número 10 de la Revista Por Derechos XDS realizada por el Departamento de Alianzas, Incidencia e Internacional de Fundación Cepaim disponible en nuestra Biblioteca.