Comunicado conjunto | Llamamiento a la UE: Restablecer los derechos y valores en las fronteras de Europa

Como organizaciones europeas de la sociedad civil y profesionales que trabajan en el ámbito del asilo, la migración, la asistencia humanitaria y los derechos humanos, estamos conmocionadas por la continua crisis humanitaria en las fronteras entre la UE y Bielorrusia, que causa un inmenso sufrimiento y ha provocado la muerte de al menos diez personas.

Al tiempo que condenamos plenamente las acciones de Bielorrusia, instamos a la UE, a sus Estados miembros y a todas las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, a dar una respuesta acorde con las obligaciones legales comunitarias e internacionales y con los estándares de la decencia común.

Si bien las personas en medio de la crisis están siendo utilizadas como partes en el conflicto entre la UE y Bielorrusia, que tiene una dimensión de seguridad, las personas en sí mismas no son una amenaza para la seguridad, y no deberían ser referidas ni tratadas por ninguna de las partes como si fueran un arma. De hecho, todos los relatos sugieren que hay grupos extremadamente vulnerables entre las personas atrapadas en estos acontecimientos, como mujeres embarazadas, familias con niños pequeños y personas mayores o heridas. Entre ellxs, personas que han huido de la guerra y la persecución desde Siria, Yemen, Afganistán o Irak, y que, a falta de vías seguras y legales, no tenían otra forma de ponerse a salvo.

También observamos como, a pesar de las graves tensiones existentes entre los Estados implicados, la situación, como muchas otras en las fronteras de la UE, es manejable, y debe abordarse con perspectiva: a nivel mundial, muchos países en situaciones muy frágiles se enfrentan a complejos desafíos de desplazamiento, con dimensiones geopolíticas y de seguridad y que implican a un número mucho mayor de personas. Lo que se necesita es una respuesta lúcida que incluya una firme defensa del derecho de asilo y del derecho comunitario e internacional.

Por ello, proponemos las siguientes respuestas que abarcan los distintos elementos de la crisis:

Garantizar el acceso al asilo en las fronteras

De acuerdo con el derecho internacional y de la UE, toda persona que busque asilo en las fronteras, independientemente de su forma de llegada, tiene derecho a presentar una solicitud de asilo. El acceso al asilo en Polonia, Lituania y Letonia debe restablecerse inmediatamente tanto en la ley como en la práctica. Esto significa que todas las medidas destinadas a impedir que las personas accedan al territorio de la UE y presenten una solicitud de asilo, deben cesar. Lo que incluye acabar con el impedimento para llegar al territorio de la UE, así como con el uso de la fuerza y con las instrucciones a la guardia fronteriza para que lleven a cabo devoluciones. También se debe poner fin a la prohibición de presentar solicitudes de asilo mediante la limitación del acceso efectivo al procedimiento a través de restricciones geográficas al lugar donde se pueden presentar las solicitudes, así como a los intentos de derogación de la ley de asilo y de la protección frente a las devoluciones o retornos.

Garantizar el acceso humanitario

A corto plazo, es esencial que los Estados implicados garanticen el acceso humanitario a las personas afectadas, para que las organizaciones humanitarias puedan llegar a ellas y prestarles asistencia. El hecho de que los Estados miembros de la UE impidan la prestación de asistencia vital a las personas, algunas de las cuales son extremadamente vulnerables, es deplorable e imprudente. Además, se corre el riesgo de que tenga un impacto negativo en lo que se refiere al acceso humanitario en contextos de desplazamiento fuera de la UE y socava la credibilidad de la UE en su rol de actor humanitario.

En caso de que el enfrentamiento continúe, la decisión de evacuar inmediatamente a las personas de la región fronteriza hacia los Estados miembros de la UE es una opción que podría evitar más pérdidas de vidas, aprovechando además las propuestas ya recibidas desde la sociedad civil, ciudades y grupos religiosos para acoger a las personas. Paralelamente, los Estados miembros de la UE deberían debatir y acordar acuerdos de reubicación ad hoc. El traslado de personas a terceros países para la solicitud del asilo, como se ha propuesto, es ilegal según el derecho comunitario e internacional, además de políticamente inviable.

Retirar la legislación interna no conforme con el derecho comunitario

La situación en la frontera exterior ha provocado cambios en legislaciones nacionales en materia de asilo. Como demuestra el análisis jurídico de la legislación adoptada en Lituania, Polonia y Letonia, algunos cambios legislativos son incompatibles con el acervo comunitario en materia de asilo, los Tratados de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales y el derecho internacional.

En Lituania, los cambios pretenden restringir el acceso al asilo; eliminar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad; permitir la detención automática; restringir el acceso a un recurso legal efectivo; y reducir el acceso a las condiciones de acogida.

En el caso de Polonia, la nueva legislación viola directamente el principio de no devolución, al permitir la expulsión de personas de Polonia incluso después de que hayan solicitado protección internacional y sin un examen individual sobre si la expulsión daría lugar a una violación de sus derechos humanos. En Letonia, los cambios excluyen la posibilidad de solicitar asilo a las personas que cruzan la frontera, lo que significa que no se respeta el derecho a solicitar asilo y la protección contra las devoluciones. Aunque algunas de las modificaciones son -en teoría- temporales y su aplicación está restringida geográficamente, corren el riesgo de institucionalizar una práctica ilegal. La solicitud de asilo es un derecho fundamental y la no devolución es un principio inderogable que debe respetarse incluso en situaciones de emergencia.

La Comisión Europea debe hacer seguimiento a su petición a los Estados miembros de que eliminen los aspectos de la legislación que violan el derecho de la UE. El cumplimiento de la legislación de la UE debe ser una condición básica para todas las ayudas de la UE. Si los Estados miembros se niegan a respetar el derecho de la UE y el derecho internacional, debe considerarse la posibilidad de aplicar medidas de infracción y disciplinarias.

Contrarrestar la represión de la sociedad civil, los medios de comunicación y los profesionales del derecho

La situación en las fronteras de la UE ha provocado intentos por parte de los Estados miembros de intimidar y reprimir a la sociedad civil independiente, a los medios de comunicación y a los profesionales del derecho que intentan responder de acuerdo con sus funciones profesionales. Las actividades destinadas a prestar asistencia humanitaria y jurídica a las personas en la frontera no deben ser criminalizadas. Prohibir el acceso de la sociedad civil y periodistas a las zonas fronterizas, no sólo deja a las personas sin apoyo, sino que también repercute en el trabajo de la sociedad civil independiente y de los medios de comunicación más allá de Europa. Es esencial que la situación en la zona fronteriza sea supervisada por actores independientes para garantizar que se respeta el derecho internacional y de la UE. Los actos de violencia deben ser condenados e investigados.

Situar los estándares de los derechos humanos y la transparencia en el centro de la cooperación con terceros países

En la actualidad, la UE busca activamente acuerdos con terceros países para que impidan la llegada de personas a la frontera de la UE o para que readmitan a sus nacionales. Debe garantizarse que cualquier acuerdo con terceros países, como Irak, Turquía o Líbano, se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos, empezando por el derecho a salir del propio país y las obligaciones de no devolución. Para lograr la rendición de cuentas democrática sobre acuerdos de la UE con terceros países, su contenido debe hacerse público, y el Parlamento Europeo debe tener un papel significativo en la supervisión de los acuerdos. De la misma manera debe garantizarse la supervisión independiente y el apoyo a las personas en su retorno.

La UE y los Estados miembros deben responder a las crisis fronterizas de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales y comunitarias. El actual marco político-jurídico, si se aplica, proporciona todos los elementos para manejar esta situación de forma pausada basada en los derechos, y bien gestionada. Nos alarma escuchar que se están elaborando propuestas que podrían permitir derogaciones injustificables al derecho internacional y comunitario.

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