Entidades Sociales y Sindicatos instan al Gobierno andaluz a primar la dimensión social y de ciudadanía de las políticas migratorias

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Ante las recientes noticias relativas a la remodelación del Gobierno andaluz, así como a posibles traspasos de competencias en materia migratoria desde la actual Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía; las entidades sociales y sindicatos abajo firmantes consideramos que esta decisión, en caso de confirmarse por el Gobierno Andaluz, marcaría una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica más enfocada hacia la seguridad y el  control, perdiendo centralidad la integración, la convivencia y la  cohesión social que deben ser los pilares fundamentales que sustenten la política migratoria de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el contexto español y europeo.

Para garantizar el interés general, la gestión positiva de la diversidad cultural, la convivencia, la interculturalidad, la mirada a la inmigración como fuente de desarrollo social, cultural y económico para nuestra Comunidad Autónoma, la igualdad, la inclusión y la necesaria cohesión social, las políticas migratorias de Andalucía deben focalizarse, planificarse e implementarse en el ámbito de la igualdad de oportunidades, el empleo, la educación inclusiva, la sanidad comunitaria, el acceso a unos servicios sociales universales, la vivienda, la erradicación de los asentamientos chabolistas, las relaciones vecinales o la construcción de la convivencia intercultural. Derribando las fronteras interiores que se están creando entre población inmigrante y autóctona, siendo éstas el germen del racismo y la xenofobia que debemos abordar desde la sensibilización social

Una política migratoria que apueste por la integración, contando con el liderazgo del Gobierno autonómico, armonizada con las políticas estatales y europeas e implementada en contacto directo y cooperación continua con las administraciones locales, que son las que desarrollan las políticas más cercanas a la ciudadanía, a la vez que con las organizaciones sociales y sindicales.

Los vecinos y vecinas de origen migrante que residen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, suponen ya en torno al 10% de la población andaluza y son parte estructural de su ciudadanía. Las políticas autonómicas necesitan enfocarse a la normalización de la inclusión de las personas migrantes y garantizar la convivencia. También es importante señalar que es el Gobierno del Estado quien tiene asignadas las responsabilidades en materia de control de fronteras, unas responsabilidades que el Ministerio del Interior viene ejerciendo con significativa contundencia en la Frontera Sur.

Vincular migraciones y seguridad en la gestión autonómica incidiría en avivar los discursos que criminalizan a las personas migrantes, que están siendo foco de ataques indiscriminados y un creciente aumento del racismo y la xenofobia por parte de quienes construyen discursos de odio y división social.

Autor: Fund. Cepaim

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